The Criminal Law of The Enemy Versus the Rule of Law and Its Application in The Society of Citizen Security
El Derecho Penal del enemigo frente al Estado de Derecho y su aplicación en la sociedad de la seguridad ciudadana
Universidad de Sevilla. Sevilla, España.
Citacion sugerida: Vélez Juela, M. S., & Alcívar Cruz, S. G. (2026). El Derecho Penal del enemigo frente al Estado de Derecho y su aplicación en la sociedad de la seguridad ciudadana. Nullius, 7 (2), 22-32. https://doi.org/10.33936/nullius.v7i2.8326
Recibido: 11/04/2026
Aceptado: 22/06/2026
Publicado: 01/07/2026
Sandra Gabriela Alcívar Cruz
Mario Steve Vélez Juela
Autores
sanalcruz@alum.us.es
marveljue@alum.us.es
Resumen
Este estudio busca examinar la transformación de la política criminal actual y el advenimiento del derecho penal del enemigo como manifestación de un cambio de paradigma en la aplicación del ius puniendi, se utiliza una metodología jurídico-dogmática que se centra en el análisis doctrinal y bibliográfico de las teorías más relevantes sobre la expansión y profundización del derecho penal, la sociedad del riesgo, la sociedad de la seguridad ciudadana y el papel de los medios de comunicación en la formación de la percepción de inseguridad. el estudio muestra que el derecho penal ya no se entiende solo como una restricción al poder punitivo del estado, sino que en ciertos contextos se ha transformado en una herramienta dirigida a alcanzar objetivos políticos y de control social, en esta situación, el derecho penal del enemigo, formulado por Günther Jakobs, sugiere un modelo que enfoca la reacción penal en la amenazante conducta del autor, implicando un adelanto de los límites de intervención y una disminución de las garantías procesales. Se concluye que la presión de los medios y las exigencias de seguridad impulsan la implementación de políticas criminales expansivas y de seguridad, creando una tensión constante entre el ius puniendi y la salvaguarda de derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión, cuya limitación solo es válida cuando hay un riesgo real que justifique la intervención penal.
Palabras clave: Derecho Penal del Enemigo; Política criminal; Sociedad del riesgo; Seguridad Ciudadana y Presión mediática.
Abstract
This study aims to examine the transformation of contemporary criminal policy and the emergence of enemy criminal law as a manifestation of a paradigm shift in the exercise of the ius puniendi. It employs a legal-dogmatic methodology, focusing on the doctrinal and bibliographic analysis of the most relevant theories concerning the expansion and intensification of criminal law, the risk society, the citizen security society, and the role of the media in shaping perceptions of insecurity. The study shows that criminal law is no longer understood solely as a limitation on the state’s punitive power; rather, in certain contexts, it has become an instrument for achieving political objectives and exercising social control. within this framework, enemy criminal law, as formulated by Günther Jakobs, proposes a model that centers the criminal response on the perceived dangerousness of the offender’s conduct, leading to an earlier intervention by the criminal justice system and a reduction in procedural safeguards. The study concludes that media pressure and growing demands for security encourage the implementation of expansive and security-oriented criminal policies, generating a persistent tension between the exercise of the ius puniendi and the protection of fundamental rights, particularly freedom of expression, whose restriction is justified only when a genuine risk warrants criminal intervention.
Keywords: Enemy Criminal Law; Criminal Policy; Risk Society; Citizen Security; Media Pressure.
1. INTRODUCCIÓN
La política criminal contemporánea atraviesa un proceso de transformación estructural que redefine la relación entre el Estado y el individuo, donde radicionalmente, se ha concebido como el conjunto de estrategias y normas que el Estado utiliza para controlar la criminalidad en niveles aceptables, funcionando como un límite al ius puniendi dentro de un Estado de Derecho; no obstante, este paradigma clásico, de enfoque dogmático y garantista, está siendo reemplazado por modelos que priorizan la eficiencia y la gestión de riesgos sobre las garantías individuales, sin embargo, este paradigma clásico, de corte dogmático y garantista, está siendo desplazado por modelos que priorizan la eficiencia, la gestión de riesgos y la seguridad ciudadana sobre las garantías individuales.
El cambio de paradigma se manifiesta en la deriva de la política criminal hacia la denominada Política Criminal Aplicada, siendo este enfoque el que inserta el control penal dentro del marco de las políticas públicas generales, donde el fenómeno criminal deja de ser un debate ético filosófico para convertirse en un problema de gestión y aplicabilidad, en este nuevo escenario, el derecho penal ya no se percibe como la ultima ratio, sino como un mecanismo de intervención inmediata y remedial que busca resultados tangibles y evaluables en términos de rendimiento (Merino Herrera, 2018).
La administrativización de la justicia ha facilitado la llegada de nuevos actores, como gestores, consultores y expertos en políticas públicas, que han ido reemplazando gradualmente el papel central de la academia tradicional en la elaboración de la política criminal, como resultado, se ha establecido una lógica administrativa centrada en la eficiencia, la evaluación de resultados y la gestión del riesgo, dejando en segundo plano el debate jurídico, filosófico y criminológico que históricamente había definido al derecho penal (González Guarda, 2017).
En este marco, bajo el argumento de la seguridad pública han ganado particular importancia conceptos como el realismo conservador y la teoría de las ventanas rotas, que afirman que el desorden social y las infracciones menores son el inicio para la realización de crímenes más graves, desde este enfoque (Beck, 1999/2002), se impulsa un control policial más riguroso y la implementación de políticas de tolerancia cero, definidas por el aumento de las penas y la penalización de acciones de mínima peligrosidad, con el objetivo de evitar futuras escaladas delictivas y reforzar la sensación de seguridad (Binder, 2010).
Como consecuencia, se evidencia una notable regresión del sistema punitivo, donde el derecho penal deja de realizar únicamente su papel de salvaguarda de bienes jurídicos para transformarse en una herramienta de reacción simbólica ante las exigencias sociales de seguridad, en este panorama, el aumento de las sanciones, el llamado terror penal y las narrativas de guerra contra el delito acaban socavando principios fundamentales del Estado de Derecho, como la proporcionalidad, la intervención mínima, la culpabilidad y la humanidad de las sanciones (Blanco Lozano, 2007).
2. METODOLOGÍA
Este estudio se llevó a cabo con un enfoque cualitativo, utilizando el método jurídico-dogmático, al ser el más pertinente para investigar las instituciones jurídicas, interpretar sus principios teóricos y realizar un análisis crítico de la evolución de la política criminal actual. Este enfoque facilitó analizar la edificación doctrinal del derecho penal del enemigo, su conexión con la ampliación del ius puniendi y las tensiones que provoca en relación con los principios y garantías inherentes al Estado constitucional de derecho.
La investigación tuvo un diseño descriptivo, analítico y documental, enfocado en la identificación, sistematización e interpretación de los aportes doctrinales más relevantes vinculados con la política criminal, la sociedad del riesgo, la seguridad ciudadana, el derecho penal del enemigo y la influencia de los medios de comunicación y las tecnologías de la información en la formación de la percepción social de la inseguridad.
Se empleó el análisis documental y bibliográfico como técnica central de investigación, realizando una revisión crítica de libros, artículos científicos, capítulos de obras colectivas y publicaciones especializadas de destacados autores tanto nacionales como internacionales. Igualmente, se revisaron los fundamentos teóricos de Günther Jakobs y de otras figuras de la doctrina penal actual, comparándolos con las posturas garantistas propuestas por autores reconocidos, con el objetivo de detectar los principales aspectos de coincidencia y desacuerdo con relación a la legitimidad de la ampliación del poder punitivo del Estado.
La información fue analizada a través de un proceso de interpretación jurídica y comparación doctrinal, lo que facilitó la clasificación de los distintos enfoques teóricos en categorías temáticas vinculadas a la transformación de la política criminal, el aumento del derecho penal, el adelantamiento de las barreras de castigo, la peligrosidad como criterio para la intervención estatal y la salvaguarda de los derechos fundamentales ante las nuevas tendencias.
3. DESARROLLO
De la sociedad del riesgo a la sociedad de la seguridad ciudadana
La transición de la sociedad del riesgo a la sociedad de la seguridad ciudadana representa una transformación estructural y profunda en la política criminal contemporánea, donde el modelo penal clásico, basado en principios dogmáticos y garantistas, está siendo desplazado por una política criminal aplicada que prioriza el rendimiento, la gestión administrativa y la aplicabilidad sobre el debate ético y filosófico, en este nuevo escenario, el derecho penal deja de ser entendido primordialmente como un acervo de principios limitativos del poder punitivo del Estado para convertirse en un mecanismo de gestión pública que busca soluciones inmediatas, técnicas y a menudo cortoplacistas a problemas específicos de criminalidad.
Este cambio de paradigma se sustenta en el uso constante del concepto de sociedad del riesgo; mientras que originalmente este término se refería a los peligros tecnológicos masivos y artificiales de la modernidad como los riesgos nucleares o ambientales, el discurso de seguridad ciudadana lo ha integrado para legitimar una expansión punitiva dirigida contra la delincuencia clásica y marginada, de esta manera, el sentimiento de inseguridad callejera se equipara erróneamente con los riesgos masivos del progreso, lo cual activa una demanda social constante de políticas públicas más determinantes y un endurecimiento legislativo que busca calmar los temores psicosociales de la población. Consecuentemente, se observa una marcada administrativización de la criminología, que se aleja de la investigación etiológica de las causas del delito para enfocarse en una concepción policial y de control, bajo este enfoque remedial, el delincuente deja de ser visto como una persona en proceso de resocialización para ser gestionado como un factor de riesgo que debe ser neutralizado o inocuizado mediante el aislamiento social.
Este cambio hacia un modelo de seguridad impulsa una nueva lógica en la distribución de riesgos, donde la responsabilidad de prevenir el delito ya no recae únicamente en el Estado, sino que se transfiere gradualmente tanto a los ciudadanos como al infractor mismo, desde este enfoque, el riesgo de reincidencia se asigna primordialmente al criminal, justificando la implementación de acciones enfocadas en su neutralización e incapacitación, mientras el estado minimiza su función como protector de políticas de inclusión, reintegración social y bienestar, favoreciendo estrategias de control y vigilancia en lugar de aquellas que abordan las causas estructurales de la delincuencia, el ciudadano deja de ser un simple receptor de las políticas públicas de seguridad y se transforma en un actor corresponsable en la llamada trilogía de la seguridad, que incluye a la ciudadanía, las fuerzas policiales y las autoridades estatales (Bustos Ramírez & Hormazábal Malarée, 2004), esta visión fomenta la participación activa de la ciudadanía a través de la implementación de acciones de autoprotección personal, en el hogar, comunitaria y de bienes, trasladando algunas de las responsabilidades preventivas que suelen corresponder al Estado hacia los individuos y las comunidades (Dammert, 2009).
Por consiguiente, se establece un modelo de prevención fundamentado en la percepción del riesgo y en la vivencia diaria de la inseguridad, que promueve el desarrollo de mecanismos de vigilancia comunitaria, control situacional y monitoreo continuo de los espacios públicos y privados, aunque estas estrategias buscan mejorar la seguridad ciudadana, también ayudan a establecer una cultura de vigilancia permanente y desconfianza generalizada, donde la ampliación de los mecanismos de control podría impactar el equilibrio entre asegurar la seguridad colectiva y respetar los derechos y libertades fundamentales característicos de un Estado social y democrático de derecho. Entendiendo que, este proceso de transformación culmina en la institucionalización de un derecho penal de autor, donde surge la distinción crítica entre un derecho penal del ciudadano y un derecho penal del enemigo.
La intensificación penal como respuesta a la delincuencia habitual y violenta
La política criminal contemporánea ha sucumbido a un afán reformista desmedido que se traduce en una constante intensificación de la respuesta penal, impulsada primordialmente por la percepción de inseguridad y el impacto mediático de la criminalidad violenta. Esta deriva punitiva se manifiesta en una involución del sistema de penas, donde el Estado, lejos de abordar las causas estructurales del delito, opta por estrategias de neutralización e inocuización de los sujetos considerados peligrosos (Erazo-Acosta & Pazmiño-Moscoso, 2019).
Este cambio hacia un modelo de seguridad impulsa una nueva lógica en la distribución de riesgos, donde la responsabilidad de prevenir el delito ya no recae únicamente en el Estado, sino que se transfiere gradualmente tanto a los ciudadanos como al infractor mismo, desde este enfoque, el riesgo de reincidencia se asigna primordialmente al criminal, justificando la implementación de acciones enfocadas en su neutralización e incapacitación, mientras el Estado minimiza su función como protector de políticas de inclusión, reintegración social y bienestar, favoreciendo estrategias de control y vigilancia en lugar de aquellas que abordan las causas estructurales de la delincuencia (Díez Ripollés, 2005).
Por lo tanto, el ciudadano deja de ser un simple receptor de las políticas públicas de seguridad y se transforma en un actor corresponsable en la llamada trilogía de la seguridad, que incluye a la ciudadanía, las fuerzas policiales y las autoridades estatales, esta visión fomenta la participación activa de la ciudadanía a través de la implementación de acciones de autoprotección personal, en el hogar, comunitaria y de bienes, trasladando algunas de las responsabilidades preventivas que suelen corresponder al Estado hacia los individuos y las comunidades (Díez Ripollés, 2026).
Como resultado, se establece un modelo de prevención fundamentado en la percepción del riesgo y en la vivencia diaria de la inseguridad, que promueve el desarrollo de mecanismos de vigilancia comunitaria, control situacional y monitoreo continuo de los espacios públicos y privados y aunque estas estrategias buscan mejorar la seguridad ciudadana, también ayudan a establecer una cultura de vigilancia permanente y desconfianza generalizada, donde la ampliación de los mecanismos de control podría impactar el equilibrio entre asegurar la seguridad colectiva y respetar los derechos y libertades fundamentales característicos de un Estado social y democrático de derecho (Díez Ripollés, 2024).
Fundamentos teóricos del derecho penal del enemigo de Gunther Jakobs
La versión actual del derecho penal del enemigo, elaborada por Günther Jakobs, es una de las propuestas más debatidas en el ámbito de la dogmática penal contemporánea. Su edificación se enmarca en el funcionalismo jurídico-sistémico, enfoque que entiende el derecho penal como un dispositivo diseñado para asegurar la estabilidad del orden normativo antes que, para la protección directa de bienes jurídicos individuales, desde este ángulo, la función principal de la sanción radica en afirmar la validez de las reglas que organizan la vida en sociedad, manteniendo la credibilidad de los ciudadanos en el sistema legal (Jakobs & Cancio Meliá, 2006).
En este enfoque, Jakobs diferencia dos tipos de respuesta penal, la primera se refiere al individuo que, aunque ha cometido un delito, sigue siendo considerado parte del orden jurídico, motivo por el cual la sanción conserva una función comunicativa destinada a reafirmar la validez de la norma violada y a segunda se enfoca en aquellos que, por su conducta continua o su pertenencia a organizaciones delictivas, dejan de proporcionar una expectativa razonable de respeto a la ley (Gascón i Cuenca, 2012). En estos casos, la intervención del Estado deja de tener un objetivo comunicativo y asume un carácter predominantemente preventivo, dirigido a mitigar el riesgo que esos individuos suponen para la efectividad del sistema jurídico.
Un aspecto fundamental de esta creación es la distinción entre persona e individuo, para Jakobs, ser persona no es una característica inherente al ser humano, sino un reconocimiento legal que depende de satisfacer las expectativas normativas necesarias para la convivencia social, quien respeta las normas esenciales del ordenamiento mantiene por completo su estatus de ciudadano, incluso si de forma ocasional comete un acto delictivo, desde esta perspectiva, la acción penal no busca enjuiciar un acto realizado, sino evitar la ocurrencia de peligros futuros a través de sistemas de prevención y exclusión (Aramburú, 2015).
La base filosófica de esta propuesta se apoya en las teorías clásicas del contrato social, especialmente en las formuladas por Thomas Hobbes e Immanuel Kant. Jakobs retoma el concepto hobbesiano que sostiene que quien desafía intencionalmente al Estado quiebra el acuerdo que permite la convivencia civil y regresa, en términos legales, a una condición similar al estado de naturaleza, donde cesa la protección mutua ofrecida por el sistema. De manera similar, integra la idea kantiana de que el Estado tiene la autoridad para excluir de la comunidad jurídica a aquellos que representan un peligro constante para la seguridad colectiva y se niegan a aceptar el orden constitucional (Cancio Meliá & Gómez-Jara Díez, 2006).
Por lo tanto, el derecho penal del enemigo se fundamenta en la idea de que el Estado no tiene la responsabilidad de ofrecer el mismo trato legal a aquellos que ignoran de forma constante las normas elementales de convivencia, siguiendo este razonamiento, ciertas clases de infractores podrían ser sujetas a un régimen especial que se distingue por la anticipación de la acción penal, el agravamiento de las sanciones legales y la flexibilización de algunas garantías procesales, fundamentándose en la necesidad de proteger la seguridad colectiva y mantener la estabilidad del orden normativo, esta ruptura con los principios clásicos del derecho penal liberal ha posicionado la propuesta de Jakobs como uno de los debates más significativos y debatidos en la teoría penal actual, al poner en tela de juicio los límites del ius puniendi y la viabilidad de un modelo de excepción con los postulados del Estado social y democrático de derecho (Cutrale, 2020).
Notas características del modelo: La tercera velocidad
La tercera etapa del derecho penal se distingue por la coexistencia de castigos particularmente duros junto a una creciente flexibilización de las garantías inherentes al proceso penal, este modelo implica un distanciamiento de los principios tradicionales del Estado de Derecho, al priorizar la prevención y la neutralización de riesgos sobre los fundamentos de legalidad, proporcionalidad y culpabilidad que históricamente han restringido el ejercicio del ius puniendi (Lacruz López, 2016).
Una de sus características más destacadas es el desplazamiento de la barrera de intervención penal, a través del cual la reacción del Estado se mueve hacia fases anteriores a la afectación real del bien jurídico, donde el objetivo de esta anticipación no es castigar un daño ya producido, sino prevenir la ocurrencia de riesgos futuros que se consideran particularmente graves para la seguridad colectiva, debido a esta lógica preventiva, las consecuencias legales presentan un claro carácter asegurador, donde las sanciones establecidas para este tipo de comportamientos tienden a ser bastante más estrictas y, en numerosas ocasiones, conservan un alto nivel punitivo incluso si el delito no ha llegado a su etapa de realización (González Monguí, 2025).
La respuesta penal deja de basarse únicamente en la seriedad del delito cometido y se dirige hacia la peligrosidad atribuida al autor y a la necesidad de prevenir conductas delictivas futuras, al igual que el Prof. Silva Sanchez, varios autores señalan que la expansión de la tercera velocidad podría causar que mecanismos diseñados inicialmente para circunstancias excepcionales se apliquen al derecho penal ordinario, erosionando gradualmente las garantías procesales y los principios que definen a un Estado social y democrático de derecho (Silva Sánchez, 2001).
La tensión con el Estado de Derecho y el derecho penal de autor
Desde este enfoque, la base de la intervención penal se aleja de centrarse únicamente en el delito cometido para enfocarse en las características personales del infractor y el peligro que este representa para la comunidad, por lo tanto, la peligrosidad, la reincidencia, la habitualidad o la pertenencia a grupos criminales cobran una importancia crucial en la respuesta penal, desplazando poco a poco el estudio del delito cometido hacia la evaluación del individuo como posible causante de futuros ataques al sistema jurídico (Gómez Martín, 2024). Este movimiento implica una cercanía al llamado derecho penal de autor, en el que el juicio de reproche se centra no solo en la acción cometida, sino también en la personalidad, estilo de vida o la supuesta lealtad del individuo hacia el sistema jurídico (González Radío, 2017).
A diferencia del derecho penal basado en el acto, característico de los sistemas constitucionales, donde la responsabilidad se origina únicamente por la ejecución de una conducta ya tipificada, el derecho penal de autor incluye factores subjetivos que permiten fundamentar una respuesta estatal más intensa basándose en pronósticos de peligrosidad.
Varios sectores de la doctrina han puesto en duda esta idea al considerarla incompatible con los principios del Estado de Derecho y autores como Francisco Muñoz Conde, Eugenio Raúl Zaffaroni y Luigi Ferrajoli argumentan que la validez del poder punitivo solo puede fundamentarse en el respeto absoluto de las garantías constitucionales y la rendición de cuentas por el acto realizado (Mayo Calderón, 2021).
Desde esta perspectiva, la creación de un régimen excepcional para ciertos individuos representa una violación del principio de igualdad ante la ley y de la dignidad inherente a cada persona, al permitir que algunos puedan ser despojados de las garantías que corresponden a cualquier ciudadano en un proceso penal. La ampliación de criterios relacionados con la peligrosidad genera significativos problemas de seguridad jurídica, la evaluación del riesgo venidero está, en gran parte, determinada por previsiones cuya exactitud jamás puede ser total, lo que eleva la probabilidad de decisiones caprichosas y de limitaciones desmedidas de derechos esenciales. Así, la previsión de la intervención penal ya no se basa en hechos verificables, sino en expectativas sobre el comportamiento futuro de la persona, lo que socava principios fundamentales como la presunción de inocencia, la culpabilidad por el hecho y la intervención mínima (Durango-Cordero, 2025).
En esencia, la crítica central al derecho penal del enemigo es que establece una lógica de excepción en el sistema penal regular, la gradual flexibilización de las garantías, el anticipamiento de la línea de castigo y la importancia de la peligrosidad como criterio de actuación muestran una transformación del derecho penal que favorece la seguridad en lugar de la libertad, en este marco, la dificultad para los Estados constitucionales radica en reaccionar de manera efectiva ante las manifestaciones más severas de criminalidad sin abandonar los principios y garantías que son la base del Estado social y democrático de derecho.
Peligrosidad y adelantamiento de la barrera punitiva en el derecho penal del enemigo
La esencia del derecho penal del enemigo radica en una transformación estructural de la intervención punitiva, donde la peligrosidad criminal del autor desplaza a la culpabilidad por el hecho como fundamento primordial de la sanción, ajo esta lógica, el sistema penal deja de ser una respuesta retrospectiva a un daño causado para convertirse en una estrategia prospectiva orientada a la evitación de hechos futuros, en este escenario, el infractor no es castigado primordialmente por lo que ha hecho, sino por lo que su personalidad o comportamiento persistente permiten vaticinar que hará, convirtiéndose el delincuente en una mera fuente de peligro que el estado que debe gestionar mediante la neutralización o inocuización, esta transición hacia un modelo de gestión de riesgos se fundamenta en la falta de una garantía cognitiva mínima de comportamiento conforme a la norma, lo que provoca que el sujeto mude de la categoría de persona a la de no-persona o individuo hostil (Tébar Rubio-Manzanares, 2014).
El anticipo de la barrera de punición es uno de los elementos más característicos del derecho penal del enemigo, ya que mueve la intervención estatal a etapas mucho más previas a la existencia de un daño o riesgo específico para el bien jurídico protegido, e n este ámbito, cobran importancia penal acciones como los actos preparatorios, la conspiración, la afiliación a ciertas organizaciones o diversas modalidades de colaboración que, en el modelo clásico del derecho penal, solo se sancionarían de manera excepcional, siendo el objetivo de esta previsión no es responder a un daño ya causado, sino evitar que se concrete riesgos que se consideran especialmente serios para la seguridad colectiva (Cancio Meliá, 2008).
Desde una perspectiva técnica, esta tendencia se manifiesta en el aumento de los delitos de peligro abstracto y de otras figuras dirigidas a la protección anticipada de bienes jurídicos, donde la sanción se basa en la capacidad lesiva potencial de la conducta y no en la presencia de un peligro específico, a pesar de que estas incriminaciones han sido aceptadas en ciertos contextos por motivos de política criminal, una porción significativa de la doctrina señala que su uso indiscriminado podría menoscabar el principio de lesividad y expandir demasiado los límites de intervención del poder punitivo (Silva Sánchez, 2006).
El resultado de este proceso es una gradual conversión del derecho penal en una herramienta de manejo preventivo del riesgo, en lugar de actuar de forma subsidiaria frente a agresiones efectivas a bienes jurídicos, el sistema penal adopta funciones enfocadas en la prevención anticipada y en la neutralización de riesgos potenciales, intensificando las políticas de control y el endurecimiento de la respuesta legislativa como instrumentos destinados a satisfacer las crecientes exigencias sociales de seguridad. Este cambio de enfoque provoca un intenso debate sobre su viabilidad con los principios que definen al Estado social y democrático de derecho, cuando la acción penal se basa principalmente en la peligrosidad percibida del individuo y no en la gravedad del delito cometido, el sistema se acerca a los principios del conocido derecho penal de autor.
Por lo tanto, la consideración de elementos como la regularidad, la repetición delictiva o la afiliación a ciertos colectivos cobra una relevancia fundamental en la reacción penal, desplazando gradualmente el enfoque del evento hacia la valoración de la persona, a esto se añade una complicación extra vinculada a la confianza en las predicciones de peligrosidad (Silva Sánchez, 2007). La anticipación del comportamiento humano futuro cuenta con inevitables niveles de incertidumbre, así que las decisiones fundamentadas en evaluaciones de riesgo pueden resultar en limitaciones desproporcionadas de derechos fundamentales para individuos cuya conducta, al final, no manifieste el peligro inicialmente anticipado, donde varios autores han señalado esta situación como uno de los mayores peligros de los modelos preventivos, ya que aumenta la probabilidad de errores en la valoración y de intervenciones gubernamentales basadas más en expectativas que en hechos verificables (Polaino-Orts, 2009).
En este contexto, el aumento de la peligrosidad como fundamento para legitimar la intervención penal y el anticipo de la frontera de castigo evidencian un cambio importante en la política criminal actual, aunque estas estrategias pretenden reforzar la seguridad ante delitos de particular gravedad, también presentan importantes retos para mantener los principios de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad e intervención mínima, que siguen siendo los fundamentos sobre los que se sostiene el Estado constitucional de derecho (Palacios Valencia, 2010).
El papel de los medios de comunicación y la construcción del pánico moral
Los medios de comunicación tienen un papel crucial en la formación de la política criminal actual, no solo por su labor informativa, sino también por su habilidad para afectar la construcción social de la criminalidad y la percepción de la inseguridad, la elección de ciertos eventos, la fuerza de su difusión y la manera en que se muestran al público ayudan a establecer qué temas son relevantes en el debate social y cuáles quedan ignorados, donde varios estudios criminológicos afirman que los medios no solo transmiten información, sino que también son actores activos en la formación de la agenda pública y en la interpretación conjunta del fenómeno delictivo (Musicco Nombela, 2023).
Uno de los términos más empleados para describir esta dinámica es el de pánico moral, creado inicialmente por Stanley Cohen, quien sostiene que ciertos individuos o colectivos son retratados como un peligro para los valores e intereses de la sociedad. En este proceso tiene especial relevancia la creación de los llamados folk devils o demonios populares, categorías sociales que agrupan el rechazo colectivo y sobre las cuales se proyectan los miedos vinculados a la inseguridad, a su vez terroristas, agresores sexuales, integrantes de grupos criminales o ciertos colectivos estigmatizados a menudo se transforman en íconos simbólicos de esa narrativa, promoviendo una visión simplificada y estereotipada del fenómeno delictivo (Vásquez Hernández, 2020).
La habilidad de los medios para afectar la opinión pública ha sido abordada mediante teorías de la comunicación como el agenda-setting y el framing. La primera revela que los medios influyen en los temas que dominan el debate público, mientras que la segunda aclara cómo el enfoque informativo guía la interpretación de esos eventos por parte de la población (Hernández, 2015). En el ámbito penal, estas dinámicas pueden propiciar una representación desmedida de ciertos delitos, sobre todo aquellos que se distinguen por elevados niveles de violencia o por su considerable impacto emocional, por lo tanto, la percepción personal de inseguridad puede aumentar incluso en situaciones donde las métricas objetivas de criminalidad se mantienen constantes.
Este contexto impacta de manera directa en la creación de la política penal, la creciente inquietud social por la inseguridad provoca una presión constante sobre los gobiernos para brindar soluciones rápidas y notorias ante el delito, en muchas ocasiones, esto se traduce en modificaciones legales destinadas a la severidad de las sanciones, la expansión de los delitos tipificados o el aumento de las capacidades de investigación y supervisión, aunque la evidencia empírica no demuestre que tales acciones sean los medios más eficaces para disminuir la delincuencia. Así, el derecho penal cumple una función simbólica que busca transmitir una sensación de protección y reacción estatal ante las exigencias de la opinión pública (Pecourt & Resina, 2021).
En este marco, el fenómeno del populismo punitivo halla un ambiente particularmente propicio, la reacción legislativa empieza a depender más de la percepción social del riesgo que de criterios puramente racionales en el ámbito jurídico-penal, lo que promueve una ampliación del poder punitivo que podría comprometer principios fundamentales como la proporcionalidad, la intervención mínima y el respeto a las garantías procesales, simultáneamente, ciertos infractores dejan de ser vistos como titulares de derechos y se transforman en amenazas, cuya neutralización se convierte en una prioridad en la política criminal, acercando el sistema a los principios del derecho penal del enemigo (Bude, 2014/2017).
El impacto de las TICS y la difusión en redes sociales
El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la proliferación de las redes sociales han generado una transformación radical en la estructura de la interacción humana y en la configuración del espacio público contemporáneo. Estos servicios, definidos formalmente como plataformas de comunicación que permiten la creación de perfiles y comunidades basadas en criterios comunes, han pasado de ser meras herramientas de intercambio de información a constituirse en potentes agentes de control social y modelación del comportamiento (Garrido Antón & García-Collantes, 2022).
A pesar de que, estas herramientas fueron diseñadas para mejorar la comunicación y disminuir las limitaciones geográficas, varios autores señalan que también han impulsado nuevas manifestaciones de aislamiento social, marcadas por vínculos cada vez más mediados por plataformas digitales y por una creciente sustitución del contacto personal por el consumo constante de contenidos visuales (Gordo García de Robles, 2021).
Este contexto ha favorecido la llegada de nuevos participantes con una notable capacidad de influir en la opinión pública, siendo los llamados influencers o líderes de opinión en línea ejercen una influencia que, en muchos casos, no proviene de un saber especializado, sino de su habilidad para atraer la atención de grandes segmentos de la población y dirigir tendencias, actitudes y percepciones sociales, debemos considerar también la rapidez característica de las redes sociales promueve la simplificación de fenómenos complejos a través de mensajes breves y cargados de emoción, lo que complica el análisis crítico y propicia la propagación de visiones polarizadas de la realidad.
Del mismo modo, elementos como las noticias falsas, los contenidos fuera de contexto y la activa participación de los prosumidores usuarios que producen y consumen información al mismo tiempo limitan la capacidad de verificación que tradicionalmente tenían los medios de comunicación profesionales, así la desinformación no solo complica el acceso a datos verídicos, sino que también aumenta la polarización del discurso público y socava la confianza en las instituciones democráticas.
La digitalización ha cambiado igualmente la conexión entre seguridad y privacidad, el uso diario de plataformas digitales, aplicaciones móviles y servicios en línea conlleva la recolección masiva de datos personales, lo que permite crear perfiles cada vez más detallados sobre los hábitos, gustos y conductas de las personas (Gómez Collado et al., 2016).
4. RESULTADOS
El análisis doctrinal llevado a cabo posibilitó reconocer una evolución gradual de la política criminal actual, marcada por el cambio del modelo garantista hacia un enfoque centrado principalmente en la gestión de riesgos y en la protección de la seguridad pública, este fenómeno se muestra en una ampliación del poder punitivo del Estado, evidenciado en la previsión de la acción penal, el aumento de las penas y la inclusión de procedimientos excepcionales para ciertos tipos de criminalidad vistos como muy dañinos.
De igual manera, el análisis de la doctrina especializada mostró que la teoría del derecho penal del enemigo, propuesta por Günther Jakobs, representa una de las principales manifestaciones de este cambio de paradigma, su edificación se basa en la distinción entre el ciudadano y el adversario, respaldando un enfoque penal particular para aquellos vistos como una amenaza constante para la existencia del orden legal, en este marco, la peligrosidad del sujeto se vuelve cada vez más importante como criterio que justifica la intervención del Estado, moviéndose parcialmente del derecho penal del hecho hacia principios del derecho penal de autor.
Igualmente, la investigación permitió verificar que la llamada sociedad del riesgo y el refuerzo del paradigma de la seguridad urbana han impactado de manera considerable en la creación de las políticas criminales actuales, la percepción social de inseguridad, impulsada por fenómenos de criminalidad compleja, terrorismo, delincuencia organizada y cibercriminalidad, ha promovido la aprobación de reformas legislativas enfocadas en la restricción del sistema penal y en la anticipación de las barreras de castigo, especialmente a través de la extensión de los delitos de peligro abstracto, la penalización de actos preparatorios y el fortalecimiento de medidas preventivas.
Un descubrimiento importante fue la influencia que tienen los medios de comunicación y las tecnologías digitales en el desarrollo de la política criminal, el análisis de la literatura especializada reveló que la amplia cobertura de ciertos delitos, la rápida propagación de información en redes sociales y la circulación de información falsa aumentan la sensación de inseguridad en la ciudadanía, creando contextos de presión social que a menudo impactan en la implementación de reformas penales de carácter ampliado. En este marco, la política criminal suele reaccionar de manera más ágil a las exigencias sociales de seguridad, a pesar de que esas respuestas no siempre se basen en pruebas empíricas sobre su efectividad preventiva.
La investigación también mostró que el crecimiento del derecho penal provoca una tensión constante entre las demandas de seguridad y la salvaguarda de los derechos fundamentales, la relajación de ciertas garantías procesales, el uso de mecanismos de supervisión intensificada y la anticipación de la acción penal han sido fundamentados por la necesidad de abordar riesgos considerados excepcionales; no obstante, la doctrina examinada señala que estas medidas deben permanecer dentro de los confines establecidos por el Estado de derecho constitucional, previniendo que la excepcionalidad se transforme en una norma habitual de actuación.
Finalmente, el análisis reveló que la salvaguarda de la libertad de expresión es uno de los aspectos donde esta tensión se presenta con mayor fuerza y la revisión doctrinal indica que el ejercicio de este derecho solo puede ser restringido cuando se presente un riesgo real, específico y jurídicamente significativo para bienes jurídicos de especial protección. Por lo tanto, la aplicación del derecho penal para castigar expresiones o manifestaciones debe ser entendida de manera rigurosa y excepcional, manteniendo el balance entre la seguridad pública y las garantías propias de un Estado social y democrático de derecho.
5. DISCUSIÓN
El estudio doctrinal llevado a cabo permitió detectar una evolución gradual de la política criminal actual, enfocada en un modelo donde la seguridad pública y la gestión del riesgo juegan un rol principal en comparación con la función tradicionalmente protectora del derecho penal, esta transformación se expresa en la ampliación del ius puniendi, la anticipación de la intervención penal a momentos anteriores a la afectación efectiva de los bienes jurídicos y la adición de mecanismos preventivos que atienden nuevas modalidades de criminalidad, aunque también presentan significativos retos para la defensa de los derechos fundamentales.
La revisión de la literatura especializada mostró que la teoría del derecho penal del enemigo, elaborada por Günther Jakobs, es una de las manifestaciones doctrinales más significativas de esta transformación. La distinción entre ciudadano y adversario justifica un tratamiento penal distinto para aquellos que se ven como una amenaza continua para el orden legal, dando mayor importancia a la peligrosidad del individuo que a la gravedad del delito perpetrado, en consecuencia, la respuesta penal suele alinearse con principios característicos del derecho penal de autor, donde la evaluación del riesgo futuro cobra una relevancia cada vez mayor en la justificación de la intervención del Estado.
Del mismo modo, la investigación evidenció que la llamada sociedad del riesgo y el fortalecimiento del paradigma de la seguridad ciudadana han impulsado la implementación de políticas criminales de tipo expansivo, la creciente inquietud por fenómenos como el terrorismo, la criminalidad organizada, la ciberdelincuencia y otras formas de criminalidad compleja ha motivado reformas legislativas enfocadas en el aumento de las penas, la ampliación de los delitos de peligro abstracto y la anticipación de la respuesta penal mediante la penalización de actos preparatorios y otros tipos de intervención temprana.
Un hallazgo importante más está vinculado a cómo los medios de comunicación y las tecnologías digitales impactan en la formación de la política criminal, el estudio de la doctrina muestra que la amplia cobertura de ciertos delitos y la constante difusión de información en plataformas digitales ayudan a reforzar una percepción social de inseguridad que, en ocasiones, sobrepasa los niveles reales de criminalidad, esta impresión crea una tensión continua sobre las instituciones públicas para implementar respuestas legislativas rápidas, impulsando el establecimiento de políticas de carácter securitario y el conocido populismo punitivo.
El estudio también evidenció que la ampliación del derecho penal genera una tensión constante entre las necesidades de efectividad en la prevención del crimen y la preservación de las garantías propias del Estado social y democrático de derecho. La aplicación de criterios de peligrosidad, la flexibilización de ciertas garantías procesales y el uso de mecanismos de vigilancia intensificada buscan hacer frente a nuevas formas de criminalidad; no obstante, la doctrina coincide en que su implementación debe observar los principios de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad e intervención mínima para prevenir limitaciones injustificadas de derechos fundamentales.
Finalmente, la investigación revela que la libertad de expresión es uno de los campos donde esta tensión se hace más evidente, la revisión doctrinal muestra que el uso del derecho penal para restringir ciertas manifestaciones solo es justificable cuando hay un riesgo real, concreto y debidamente comprobado para bienes jurídicos de gran importancia. Como resultado, el análisis efectuado lleva a concluir que la reacción penal ante los nuevos retos de la seguridad debe llevarse a cabo dentro de las restricciones que impone el orden constitucional, manteniendo el equilibrio entre la protección de la sociedad y el respeto a las garantías que definen a un Estado social y democrático de derecho.
6. CONCLUSIONES
La investigación demostró que la política criminal actual está experimentando un proceso de cambio, marcado por la creciente expansión del poder punitivo del Estado y por el establecimiento de un modelo enfocado principalmente en la gestión del riesgo y en la salvaguarda de la seguridad pública, este ajuste surge debido a la aparición de nuevas modalidades de criminalidad y a una mayor exigencia social por respuestas rápidas ante la inseguridad; no obstante, también presenta seriosos desafíos para la conservación de los principios que históricamente han restringido el ejercicio del ius puniendi en un Estado social y democrático de derecho.
El estudio doctrinal mostró que la teoría del derecho penal del enemigo, planteada por Günther Jakobs, es una de las manifestaciones más significativas de esta evolución, su edificación, fundamentada en la distinción entre ciudadano y adversario, establece un esquema de intervención penal que prioriza la neutralización de peligros en lugar del juicio del acto realizado, promoviendo el adelanto de la frontera de castigo, el aumento de las repercusiones legales y la relajación de ciertas garantías procesales. Si bien esta propuesta intenta abordar tipos de criminalidad extremadamente serios, su implementación crea una constante fricción con principios fundamentales como la legalidad, la culpabilidad, la proporcionalidad y la igualdad ante la ley.
De igual manera, se observó que la sociedad del riesgo, el refuerzo del paradigma de la seguridad ciudadana y el impacto de los medios de comunicación y de las tecnologías digitales han ayudado a alterar la percepción social de la delincuencia, como la divulgación masiva de ciertos delitos y la rápida propagación de información en ambientes digitales contribuyen a crear contextos de inseguridad que afectan la elaboración de políticas criminales cada vez más amplias, fomentando cambios legislativos dirigidos a aumentar el control penal y reforzar estrategias preventivas.
El estudio también reveló que el uso de criterios de peligrosidad como base de la intervención penal presenta serias cuestiones desde el punto de vista de los derechos fundamentales, la previsión de la reacción estatal, la expansión de los delitos de peligro y el uso de medidas basadas en predicciones sobre conductas futuras aumentan el riesgo de limitaciones desmedidas de derechos y de un avance hacia el derecho penal de autor, distanciándose de los principios garantistas que definen al derecho penal del hecho.
En lo qu respecta a la libertad de expresión, el análisis verifica que su resguardo representa uno de los principales obstáculos al ejercicio del poder penal, la aplicación del Derecho penal solo se sostiene cuando las acciones cometidas producen un riesgo real, específico y jurídicamente significativo para bienes jurídicos de especial protección, evitando que el uso del castigo se transforme en un medio de limitación de la crítica, el desacuerdo o el pluralismo democrático.
En conclusión, la investigación lleva a afirmar que la búsqueda de niveles superiores de seguridad no puede ser un pretexto para un debilitamiento paulatino de las garantías constitucionales ni para una expansión sin límites del derecho penal, la efectividad de la política criminal debe estar en concordancia con el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales y los principios que configuran el estado de derecho constitucional, de tal manera que la respuesta a la criminalidad mantenga el equilibrio entre seguridad, libertad y justicia, evitando que las medidas excepcionales se transformen en normas permanentes de actuación estatal.
DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés.
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